El agua es un recurso esencial para la vida humana, los ecosistemas y las actividades productivas. En su ciclo hidrológico natural, el agua pertenece a todos, ya que circula a través de los ríos, glaciares, acuíferos, humedales y otras fuentes naturales. Sin embargo, esta concepción de que el agua es un bien común se modifica cuando el Estado interviene para regular su uso, garantizar su conservación y asignar derechos de acceso a los usuarios. A pesar de que el agua es un bien de la naturaleza, su manejo debe ser cuidadosamente controlado para evitar conflictos y asegurar un uso equitativo y sostenible, lo cual es vital para el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
El Ciclo Hidrológico Natural: Un Recurso Común
En su estado natural, el agua es considerada patrimonio de todos. Los glaciares, ríos, lagos, acuíferos, humedales y otras fuentes naturales son los reservorios donde se encuentra este recurso. El agua que fluye, ya sea en movimiento o almacenada en cuerpos de agua subterránea o superficial, limpia o contaminada, es vista como un bien común dentro de un sistema ecológico que proporciona servicios vitales a las personas, la flora y la fauna.
Desde un punto de vista legal y ambiental, esta agua es considerada un recurso natural, cuyas fuentes son parte del patrimonio de una nación. Este principio sostiene que el agua en su forma no intervenida debe ser accesible para todos, pero solo dentro de los límites que su disponibilidad natural impone. En otras palabras, mientras no se realicen intervenciones humanas que alteren el flujo natural del agua o que asignen derechos de uso específicos, el agua debe ser tratada como un recurso compartido.
La Regulación Estatal: Un Elemento Clave en la Gestión del Agua
A pesar de la idea de que el agua es un bien común, es el Estado quien tiene la responsabilidad de regular y gestionar este recurso. El manejo del agua requiere una planificación y regulación meticulosa para asegurar que su distribución sea equitativa, eficiente y sostenible. Este papel del Estado es fundamental para garantizar que el agua no sea utilizada de manera desmedida o sin control, lo que podría generar consecuencias negativas tanto para el medio ambiente como para las comunidades.
El Estado tiene la misión de asignar y regular los derechos de uso del agua, y para ello debe trabajar en coordinación con los usuarios y las autoridades locales en cada cuenca hidrográfica. La gestión del agua implica una serie de responsabilidades, entre ellas, controlar los extremos de inundaciones y sequías, construir obras hidráulicas públicas, gestionar las intervenciones y otorgar concesiones o derechos de uso. Además, el Estado debe velar por la conservación de las fuentes de agua, regular las descargas de contaminantes, proteger las cuencas hidrográficas y garantizar la calidad del agua que llega a los usuarios.
Para llevar a cabo estas tareas, el Estado debe contar con una infraestructura adecuada, que incluya estaciones de medición, modelos de gestión y redes de monitoreo en tiempo real. Esta infraestructura es crucial para la toma de decisiones informadas y para la implementación efectiva de políticas públicas relacionadas con el agua. Asimismo, la disponibilidad de información precisa y actualizada es esencial para garantizar la transparencia en la asignación de derechos y la gestión de los recursos hídricos.
El Agua Asignada: De Bien Común a Derecho Específico
Una vez que el Estado interviene en el ciclo hidrológico natural y asigna el agua a diferentes usuarios, esta deja de ser de libre acceso. El agua asignada por el Estado se convierte en un recurso sujeto a regulaciones específicas y derechos de uso que garantizan su distribución equitativa y su uso responsable. Estos derechos pueden ser temporales o permanentes, dependiendo de las necesidades y las regulaciones establecidas para cada caso.
Los derechos de agua otorgados por el Estado se entregan con base en criterios específicos, como la prioridad en el uso del agua para diferentes sectores (agua potable, agricultura, minería, generación de energía, recreación, etc.), la disponibilidad del recurso y los impactos ambientales asociados con su uso. Es importante destacar que el otorgamiento de derechos de uso del agua debe ser realizado respetando los derechos previamente otorgados y las prioridades establecidas por la legislación y la normativa vigente.
La asignación de agua a los usuarios no significa que este recurso deje de ser de interés común. Aunque el agua asignada deja de ser de libre acceso, los usuarios deben devolver al sistema natural una parte del agua utilizada, si así lo exigen las normativas. De esta forma, se busca mantener el equilibrio en los ecosistemas acuáticos y garantizar la sostenibilidad del recurso a largo plazo.
El Derecho al Agua y la Seguridad de los Usuarios
El derecho al agua es un principio fundamental para garantizar el bienestar de los seres humanos y la biodiversidad. Los usuarios del agua asignada, ya sea para consumo humano, actividades productivas o recreación, deben tener la certeza de que el agua que se les ha otorgado no será retirada sin justificación. La seguridad jurídica en torno al acceso y uso del agua es esencial para fomentar la inversión en sectores que dependen de este recurso, como la agricultura, la minería, la energía hidroeléctrica y otros.
Sin embargo, existen situaciones excepcionales en las que el uso del agua puede ser restringido temporalmente, como en casos de sequías prolongadas o situaciones de emergencia. En estos casos, el Estado puede intervenir para cambiar temporalmente las prioridades de uso del agua, priorizando necesidades urgentes como el consumo humano o la generación de energía. Este tipo de intervenciones deben ser transparentes y estar basadas en mecanismos de compensación adecuados para evitar perjuicios a los usuarios afectados.
La gestión efectiva del agua debe garantizar que estos cambios en las prioridades sean justos, equitativos y que se basen en criterios técnicos y científicos. El Estado debe contar con la capacidad de monitorear la situación en tiempo real, ajustar las políticas de distribución y ofrecer soluciones que protejan tanto a los usuarios como al medio ambiente.
El Desafío de la Gobernanza del Agua: Capacidades del Estado y Desafíos Regionales
La gobernanza del agua enfrenta grandes desafíos, especialmente en países como Chile, donde las sequías prolongadas han generado conflictos entre usuarios y con el medio ambiente. La falta de capacidad de gestión, la corrupción, las deficiencias en el control y la falta de información precisa pueden desencadenar situaciones de caos en las que los más poderosos se apropian del agua de manera ilegal, perjudicando a los sectores más vulnerables y al ecosistema.
Es fundamental que el Estado disponga de las capacidades necesarias para gobernar y regular los recursos hídricos. Esto incluye la implementación de sistemas de monitoreo eficientes, la creación de políticas públicas basadas en la información científica y la coordinación con los usuarios y autoridades locales. La transparencia en los procesos de asignación de derechos y la fiscalización de las intervenciones en las fuentes de agua son esenciales para evitar conflictos y garantizar el uso sostenible de este recurso vital.
En regiones con cuencas hidrográficas compartidas, la colaboración entre los distintos actores involucrados es crucial para lograr un manejo adecuado del agua. Las intervenciones deben ser cuidadosamente evaluadas para evitar daños irreparables a los ecosistemas y asegurar que todos los usuarios tengan acceso al recurso de manera justa y equitativa.
Conclusión
El agua es un recurso vital para la humanidad y los ecosistemas, y su gestión debe ser una prioridad para el Estado. Aunque en su ciclo hidrológico natural el agua es un bien común, su uso y distribución deben ser regulados para garantizar un acceso equitativo y sostenible. La intervención del Estado, junto con la participación de los usuarios y autoridades locales, es esencial para asegurar que el agua sea utilizada de manera responsable y eficiente, respetando los derechos ya otorgados y las prioridades establecidas.
La gobernanza del agua requiere de una infraestructura adecuada, información precisa y una coordinación efectiva entre todos los actores involucrados. Solo así será posible evitar conflictos y garantizar que el agua, un recurso finito y esencial, siga siendo accesible para todos, tanto en el presente como en el futuro.